LAVADO DE ACTIVOS – LOS ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF

Mediante la Resolución 48/2024 (en adelante, la “Resolución), publicada en el Boletín Oficial el 25/3/2024 se establecen las obligaciones que los abogados deberán cumplir a los fines de mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Los abogados serán considerados Sujetos Obligados cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes preparen o lleven a cabo cualquiera de las “Actividades Específicas”, a saber:

  1. Compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a 700 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (en adelante, “SMVM”);
  2. Administración de bienes y/u otros activos, cuando el monto involucrado sea superior a 150 SMVM;
  3. Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores, cuando el monto involucrado sea superior a 50 SMVM;
  4. Organización de aportes o contribuciones para crear, operar o administrar personas jurídicas u otras estructuras jurídicas;
  5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Como sujetos obligados, los abogados tienen la obligación de implementar un sistema preventivo con un enfoque basado en riesgos. Por ejemplo, deberán capacitarse anualmente en materia de prevención, conservar todos los documentos respaldatorios de las transacciones u operaciones durante 10 años; presentar un informe técnico de autoevaluación de riesgos; realizar reportes sistemáticos mensuales y anuales que contengan información general, tipos y cantidad de Actividades Específicas realizadas; calificar y segmentar a los clientes de acuerdo con el riesgo asignado a cada uno de ellos, entre otras.

Se debe remarcar que la norma dispone que no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias protegidas por el secreto profesional.

Se excluye de la obligación, además, a los abogados contratados para un litigio, es decir, cuando sin ser clientes, se requieran los servicios para la defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido el asesoramiento sobre como iniciarlos o evitarlos.

Puede acceder a la Resolución haciendo click aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/305108/20240325

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